Industria y Ayuntamiento: las dos capas de la legalización fotovoltaica

Legalizar una instalación fotovoltaica de autoconsumo implica dos administraciones distintas. La comunidad autónoma, a través del órgano competente en industria, tramita la puesta en servicio de la instalación eléctrica y su inscripción en el registro de autoconsumo. El ayuntamiento controla la obra sobre el edificio mediante declaración responsable o licencia, según su ordenanza. Son capas independientes: completar una no cierra la otra, y cada una pide su propia documentación.

La confusión entre ambas capas es de las más caras del autoconsumo. Se da por legalizada una instalación porque el expediente autonómico está presentado, y meses después aparece un requerimiento municipal por una obra sin comunicar. O al revés: se presenta la declaración responsable en el ayuntamiento y se cree que con eso la instalación ya puede compensar excedentes, cuando esa parte depende del expediente autonómico.

Industria revisa que la instalación eléctrica cumple el REBT. El ayuntamiento revisa que la obra sobre la cubierta encaja con el planeamiento urbanístico. Documentos distintos, firmantes distintos y resultados distintos.

La puesta en servicio es el trámite ante el órgano competente en industria de la comunidad autónoma por el que la instalación terminada pasa a estar legalmente en funcionamiento. Se presenta el certificado de instalación eléctrica junto con la memoria técnica de diseño o el proyecto, según el umbral que fija la ITC-BT-04.

La ITC-BT-04 del REBT marca el contenido estatal del trámite: la documentación técnica de la instalación y su tramitación ante el órgano competente. La memoria técnica de diseño se redacta además sobre el modelo que determina cada comunidad autónoma, por eso el mismo expediente cambia de formularios y de sede electrónica según el territorio.

Tras la puesta en servicio llega la segunda pieza autonómica: la inscripción en el registro administrativo de autoconsumo que regula el RD 244/2019. Para autoconsumo conectado a baja tensión, con generación en baja tensión y potencia menor de 100 kW, la inscripción la practican de oficio las comunidades autónomas a partir de la información de la puesta en servicio. De esa inscripción depende que la compensación de excedentes llegue a reflejarse en la factura.

Fuente: ITC-BT-04 del REBT, aprobado por el RD 842/2002, y artículos 19 y 20 del RD 244/2019, de 5 de abril.

El ayuntamiento no revisa la instalación eléctrica: revisa la obra. El instrumento habitual es la declaración responsable, el documento en el que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos exigidos y que dispone de la documentación que lo acredita. La regula el artículo 69 de la Ley 39/2015 y permite iniciar la actuación desde el día de su presentación.

Ese efecto inmediato es su ventaja y su riesgo. Permite empezar sin esperar una resolución expresa, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la administración. A cambio, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en lo declarado puede determinar la imposibilidad de continuar con la actividad desde que se conoce, además de las responsabilidades que procedan. La documentación que se declara tener debe existir de verdad en el momento de firmar.

Qué procedimiento corresponde a una instalación fotovoltaica concreta lo decide la ordenanza de cada municipio: hay ayuntamientos que la tramitan por declaración responsable, otros que mantienen licencia para determinados supuestos y otros que piden documentación técnica adicional, como memoria de la obra o planos. Por eso el punto de partida correcto es siempre el municipio, no una regla general.

Fuente: Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La memoria técnica de diseño es documentación del REBT: justifica la instalación eléctrica ante el órgano autonómico de industria. No es una licencia municipal, no es una declaración responsable y presentarla en el ayuntamiento no habilita la obra. Cada capa exige su documento.

El malentendido nace de que ambas capas hablan de la misma instalación. Pero responden preguntas distintas. La MTD responde a si los conductores, las protecciones y la conexión cumplen el reglamento eléctrico. El expediente municipal responde a si esa obra puede hacerse en esa cubierta, en ese edificio y en ese suelo. Un documento no puede contestar la pregunta del otro, por bien redactado que esté.

En la práctica, parte de la documentación técnica se reutiliza: la descripción de la instalación o los planos pueden servir de base para los anexos que pida la ordenanza. Reutilizar contenido no es reutilizar el trámite: el expediente municipal se presenta en el registro del ayuntamiento, con sus formularios y, en su caso, sus tasas, y el autonómico en la sede de industria de la comunidad. Si tu ayuntamiento te está pidiendo papeles, esa capa se resuelve en nuestra página de documentación municipal para placas solares.

La capa autonómica aplica a toda instalación de autoconsumo conectada: sin puesta en servicio no hay instalación legalmente en funcionamiento ni inscripción de autoconsumo. La capa municipal aplica cuando hay obra sobre el edificio, y su forma concreta depende de la ordenanza del municipio.

La fila delicada es la segunda. En una instalación sin papeles conviven las dos deudas a la vez, y cerrarlas exige tratar cada capa con su procedimiento. Por eso una regularización seria empieza inventariando qué falta en cada administración, no enviando el mismo documento a las dos.

Toda la base normativa de esta guía es estatal y está publicada en el BOE o en sede oficial. El detalle del procedimiento municipal está en la ordenanza de cada ayuntamiento y el del autonómico en la sede de cada comunidad.