Cómo legalizar una instalación fotovoltaica paso a paso

Legalizar una instalación fotovoltaica de autoconsumo consiste en presentar ante el órgano competente en industria de la comunidad autónoma la documentación técnica de la instalación junto al certificado de instalación eléctrica, y en comunicar la modalidad de autoconsumo a la distribuidora para que el suministro quede regularizado.

Fuente: RD 244/2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, y REBT con su ITC-BT-04.

Esta guía explica el proceso para una instalación que se está ejecutando o que se acaba de terminar, con el expediente todavía por presentar. Si buscas entender qué fase viene después de cuál y qué revisa cada organismo, es tu página.

No aplica cuando la instalación lleva tiempo funcionando sin expediente. Ese caso parte de una situación distinta: hay que averiguar qué documentación existe, reconstruir la que falta y presentarlo todo de una vez. Es lo que se llama regularización y tiene su propia página: regularizar placas solares ya instaladas.

Tampoco sustituye a la capa municipal. El Ayuntamiento gestiona la parte urbanística, con su declaración responsable o licencia según el municipio, y esta guía se centra en la capa autonómica: la que va de la documentación técnica al registro de autoconsumo.

Antes de redactar nada hay que cerrar tres datos: modalidad de autoconsumo, potencia pico de generación en kWp y potencia nominal del inversor en kW. Todo el expediente se construye sobre ellos y una corrección posterior obliga a rehacer varios documentos a la vez.

La modalidad determina qué documentación se exige. Sin excedentes hay que acreditar el sistema antivertido. Con excedentes acogidos a compensación hace falta después un contrato con la comercializadora. Con excedentes no acogidos a compensación entra en juego la representación en el mercado, que rara vez compensa en instalaciones domésticas.

Hasta 10 kW de potencia prevista en generadores basta con memoria técnica de diseño, que puede firmar la propia empresa instaladora habilitada o un técnico titulado competente. Por encima de 10 kW la ITC-BT-04 exige proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente y certificado de fin de obra.

El contenido no se improvisa: descripción de la instalación, esquema unifilar de continua y alterna, cálculo de secciones y caídas de tensión, dimensionado de protecciones, puesta a tierra y justificación de la protección de interconexión con la declaración del fabricante del inversor.

Un detalle que ahorra requerimientos: las fichas técnicas deben ser las del modelo realmente instalado. Si en obra se cambió el inversor por disponibilidad de material, hay que cambiar también la ficha, la declaración de conformidad y los cálculos que dependan de ella.

El expediente se presenta telemáticamente en la sede electrónica del órgano competente en industria o energía de la comunidad autónoma, con certificado electrónico del instalador o del titular. La administración revisa coherencia documental y, si algo no cuadra, emite un requerimiento de subsanación con plazo de respuesta.

Lo que se revisa en primera instancia no es el cálculo eléctrico, es la consistencia: que las potencias coincidan, que el CUPS exista, que el instalador esté habilitado, que las firmas validen y que la modalidad declarada tenga detrás la documentación que exige. La mayoría de expedientes que vuelven, vuelven por ahí.

Con el expediente presentado, la distribuidora actualiza el punto de suministro a la modalidad de autoconsumo declarada y configura el equipo de medida para registrar la energía vertida. Si la instalación se acoge a compensación, el titular firma además un contrato con su comercializadora.

En la mayoría de suministros el contador ya es bidireccional y solo hay que reconfigurarlo en remoto. Cuando no lo es, hay que sustituirlo, y esa sustitución es de los pasos que más se alargan sin que ni el instalador ni el titular puedan acelerarla.

La compensación aparece en la factura como descuento sobre el término de energía. No genera saldo a favor: el importe de la factura puede bajar hasta el coste de peajes, cargos y término de potencia, pero no por debajo.

La comunidad autónoma inscribe la instalación en su registro de autoconsumo y traslada los datos al registro administrativo estatal. Es un trámite de oficio: el titular no lo solicita, pero conviene comprobar que la inscripción se ha producido.

Esa inscripción es la que suelen pedir después las subvenciones y las bonificaciones municipales de IBI o de ICIO. Si el expediente se quedó a medias por una subsanación sin responder, el problema aparece meses más tarde, cuando el cliente reclama la ayuda y no puede acreditar nada.

Estos son los documentos que componen un expediente de autoconsumo completo. Reunirlos antes de abrir la sede electrónica es lo que evita la mayoría de las idas y venidas.

Un expediente se devuelve casi siempre por incoherencias documentales, no por errores de ingeniería. Estos son los motivos que más se repiten y la forma concreta de evitarlos.

El marco es estatal, pero el trámite lo gestiona cada comunidad autónoma. Lo que cambia no es la norma técnica, es el formulario, el modelo de CIE, la tasa y el tiempo de respuesta.

Las afirmaciones normativas de esta guía salen de estas fuentes. Ante cualquier duda, el texto consolidado del BOE es el que manda.

• Real Decreto 244/2019, condiciones del autoconsumo Modalidades de autoconsumo (art. 4), compensación simplificada (art. 14) y registro administrativo de autoconsumo (arts. 19 a 23).
• Real Decreto 842/2002, REBT e ITC-BT-04 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y la instrucción que fija cuándo basta memoria técnica de diseño y cuándo hace falta proyecto.
• Real Decreto-ley 15/2018, disposición adicional segunda Exención de permisos de acceso y conexión para el autoconsumo sin excedentes y, en autoconsumo con excedentes, para instalaciones de producción de hasta 15 kW en suelo urbanizado con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística. Recogida en el artículo 7.1.b del RD 244/2019 y, en el mismo sentido, en el artículo 17 del RD 1183/2020.
• Ley 39/2015, artículo 68 Subsanación y mejora de la solicitud: el plazo general de diez días y el desistimiento si no se responde.
• IDAE, Guía profesional de tramitación del autoconsumo Guía oficial que recorre el procedimiento completo, fase a fase, con las variantes autonómicas.